El Gobierno de España ha presentado este septiembre su propuesta para un Pacto de Estado ante la Emergencia Climática, con el objetivo de articular una respuesta común y coordinada ante los efectos crecientes del cambio climático. La iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros, busca implicar a todas las administraciones públicas, al mundo científico y a la sociedad civil en una estrategia compartida.

Según ha explicado el presidente Pedro Sánchez, el pacto quiere reforzar la resiliencia del país ante fenómenos cada vez más frecuentes como olas de calor, incendios, sequías o inundaciones. La propuesta del Gobierno recoge diez compromisos prioritarios, entre los cuales destacan la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias, el establecimiento de fondos permanentes de financiación para hacer frente a catástrofes y una gestión forestal más activa con reforestación y tratamientos preventivos.

También se incluye la adaptación de la normativa para dar respuesta a las nuevas condiciones climáticas y la promoción del papel del mundo rural en la protección y restauración de la naturaleza. Además, el pacto prevé canales estables de consulta científica y participación social, para garantizar que las decisiones se tomen en base a la evidencia y con la implicación ciudadana.

La iniciativa ha fijado un calendario de trabajo que incluye una convención estatal en octubre, donde se debatirán y concretarán las líneas principales del pacto. Tal como recoge el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el compromiso es construir un consenso amplio y duradero que blinde la respuesta de España ante la emergencia climática.

Del 16 al 22 de septiembre de 2025 se celebra en toda Europa la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa de la Comisión Europea que impulsa cambios en los hábitos de desplazamiento con el objetivo de reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire en las ciudades.

El lema de este año, Mobility for Everyone (Movilidad para todos), no solo enfatiza la inclusión social, sino también la necesidad de un transporte menos contaminante y más eficiente energéticamente. El transporte es uno de los sectores que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, y por ello se quiere concienciar sobre alternativas sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Durante la semana, más de 2.500 municipios europeos organizan actividades para mostrar los beneficios ambientales de reducir el uso del vehículo privado: calles más tranquilas, menos ruido, aire más limpio y espacios públicos más seguros. Propuestas como rutas en bicicleta, caminatas urbanas o la reconversión temporal de calles en zonas libres de tráfico evidencian el impacto positivo de una movilidad limpia.

En Catalunya, el Departament de Territori destaca que el evento es clave para avanzar hacia ciudades más sostenibles y resilientes ante la crisis climática. Los cambios de hábitos en la movilidad contribuyen directamente a la reducción de la contaminación atmosférica, a la mejora de la salud pública y a la adaptación a los objetivos climáticos europeos.

La Semana Europea de la Movilidad es, por lo tanto, una oportunidad para demostrar que optar por una movilidad verde no es solo una opción personal, sino una acción colectiva imprescindible para la lucha contra el cambio climático.

La Generalitat de Catalunya ha presentado el nuevo Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Prevenció i Tractament de Residus Municipals (PINFRECAT 2025-2035), con un objetivo ambicioso: reducir en un tercio los residuos que actualmente acaban en el vertedero. Esto supone evitar que 1,2 millones de toneladas anuales de desechos sean depositadas en el suelo y lograr el límite del 10% establecido por la Unión Europea.

Según la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, la clave es avanzar hacia un modelo basado en la prevención, la reutilización y el reciclaje. El plan prevé:

• Reducir en más de un 15% la generación de residuos respecto a 2010.
• Crear hasta 500 Centros de Recursos que funcionarán como puntos limpios modernizados, orientados a la reparación y reutilización.
• Llegar a un 65% de reciclaje de la fracción municipal.
• Completar la red de plantas de tratamiento de la fracción resto con 7 nuevas instalaciones y reforzar las de materia orgánica con 2 plantas adicionales, capaces de producir biogás y biometano.
• Limitar la valorización energética al 25% de los residuos, para dar prioridad al reciclaje y a la recuperación de materiales.

Si se cumplen estos objetivos, se prevé el cierre de 13 de los 25 vertederos actuales.

El PINFRECAT está abierto a proceso participativo hasta octubre, para que ciudadanía y agentes sociales puedan aportar propuestas.

Con esta estrategia, Catalunya quiere dar un paso decisivo hacia una gestión más sostenible de los residuos, reduciendo el impacto ambiental de los vertederos y potenciando la economía circular.

Del 24 al 28 de agosto de 2025 se celebra la Semana Mundial del Agua, impulsada por el Stockholm International Water Institute (SIWI). Esta edición lleva por lema Agua por la acción climática, poniendo de relieve el papel fundamental del agua en la respuesta global a la crisis climática.

El foro reúne expertos, instituciones y organizaciones de todo el mundo para debatir y compartir soluciones sobre retos hídricos urgentes: desde la gobernanza del agua hasta la protección de ecosistemas y la inversión en infraestructuras resilientes.

Uno de los ejes destacados es el Foco en las Américas, que aborda la situación en América Latina y el Caribe. Esta región, especialmente vulnerable a la sequía y a los fenómenos extremos, reclama respuestas colectivas y una mayor cooperación internacional para garantizar seguridad hídrica y climática.

La Semana Mundial del Agua es una oportunidad para generar debate, impulsar la innovación y reforzar la colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad civil.

Desde Econia nos sumamos al llamamiento: debemos actuar de manera urgente e integrar el agua como eje central de las políticas climáticas para asegurar un futuro sostenible.

Esta semana, más de 170 países están reunidos en Ginebra para intentar acordar un tratado mundial contra la contaminación por plásticos. ¿El objetivo? Regular todo el ciclo de vida del plástico: desde la producción hasta la gestión de los residuos.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), no basta con reciclar: hay que repensar la producción y el uso del plástico para reducir drásticamente el impacto. La razón es que el plástico ya se ha encontrado en todas partes: en los océanos, al aire… e incluso en el cuerpo humano.

¿El gran debate? Si se tendrían que poner límites globales obligatorios a la producción de plásticos. Muchos países y entidades ecologistas están a favor, pero otras —como los EEUU, Rusia o Arabia Saudí— se oponen y apuestan solo por el reciclaje.

Greenpeace pide reducir la producción un 75% antes del 2040. Otros grupos, como WWF y empresas, reclaman medidas concretas: eliminar químicos tóxicos, fomentar productos más sostenibles y apoyar a los países que más sufren la crisis ambiental.

Las negociaciones terminan el 14 de agosto y pueden marcar un antes y un después en la lucha global contra la contaminación por plásticos.

Este 2025, la Comisión Europea ha publicado un informe que analiza cómo España aplica las leyes ambientales europeas. La llamada Revisión de la Implementación Ambiental (EIR) destaca algunas buenas prácticas, pero también retos graves que continúan sin resolverse.

Entre los puntos positivos, se reconoce que España ha avanzado en la gestión de datos ambientales y en la integración del principio “no causar daño ambiental” en los fondos de recuperación post-COVID. También destaca la participación activa en proyectos ambientales europeos.

Pero los problemas principales son persistentes:

• Contaminación por nitratos, sobre todo proveniente de la agricultura intensiva, que afecta las aguas subterráneas y superficiales.
• Depuración insuficiente: todavía existen localidades que no tratan correctamente las aguas residuales.
• Carencia de coordinación entre administraciones y falta de recursos humanos y económicos.
• Infra financiación: serían necesarios 1.700 millones de euros anuales extra para aplicar correctamente la normativa ambiental.
• Economía circular débil: demasiados residuos van a vertederos y falta recogida selectiva.

La Comisión insta a España a actuar con urgencia, a aprovechar mejor los fondos europeos y a reforzar la colaboración entre gobiernos. Aplicar bien la normativa ambiental no es solo una obligación legal: es clave para proteger la salud, la biodiversidad y prepararnos para el futuro.