Las asociaciones que reúnen a los fabricantes de bebidas -ANEABE, Cerveceros de España y la Asociación de Bebidas Refrescantes-, junto con las asociaciones de distribución ANGED y Asedas, han comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su voluntad de constituir una asociación independiente, sin ánimo de lucro y abierta a la participación de todos aquellos operadores obligados a desarrollar un SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) para envases de bebidas, único y universal.

Además de las asociaciones sectoriales mencionadas, FIAB aportará a la Asociación la visión del conjunto de la industria de alimentación y bebidas en relación con otros impactos del modelo y AECOC asumirá la Secretaría Técnica del proyecto, dando soporte estratégico y operativo a este proceso.

La decisión de las organizaciones, comunicada oficialmente al MITERD la semana pasada durante una reunión con Hugo Morán -secretario de Estado de Medio Ambiente- y Marta Gómez Palenque -directora general de Calidad y Evaluación Ambiental-, responde a la decisión del Gobierno de implementar en España un sistema de SDDR, que permita avanzar en el cumplimiento del objetivo de recogida de envases que marca la Ley de Residuos, preservando la unidad de mercado.

El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la mejora de las ratios de recogida separada y reciclaje de envases y confirma los avances del grupo de trabajo en el que el Ministerio, las asociaciones del sector, organizaciones de consumidores y organizaciones medioambientalistas colaboran, desde hace meses, para marcar la hoja de ruta del futuro de los envases en nuestro país y acompasar el Real Decreto de Envases con el Reglamento Europeo de envases y residuos de envases.

Tanto las organizaciones como el Ministerio han destacado que la complejidad del proceso hace esencial la colaboración con todos los agentes involucrados y debe tener muy en cuenta el relevante papel de los consumidores para la implantación eficaz del nuevo modelo.

El SDDR, que ya está operativo en algunos países europeos desde hace años, consiste en aplicar un depósito que se añade al precio de algunas bebidas en determinados envases que el consumidor puede recuperar íntegramente al devolverlos en los puntos de recogida habilitados para ese fin.

Con la implementación del SDDR en España el Gobierno quiere contribuir también a la armonización que persigue la Unión Europea a la hora de minimizar el impacto ambiental de los envases y fomentar la transición hacia una economía circular, que recoge el Reglamento Europeo de envases y residuos de envases.

El pasado 12 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto 214/2025, aprobado el 18 de marzo, que crea un registro para la huella de carbono, compensaciones y proyectos de absorción de CO₂. También establece la obligación para determinadas empresas e instituciones de calcular su huella de carbono, elaborar un plan para reducir sus emisiones de gases invernadero y hacerlo público.

Los 10 puntos clave del decreto son:

1. Diferenciación de obligaciones: Se establece, por un lado, la obligación de calcular la huella de carbono y de hacer un plan de reducción de emisiones para determinadas entidades, y por otro lado, la inscripción en el registro (que no es obligatoria para todo el mundo).

2. Inclusión de acontecimientos: También se podrán registrar las huellas de carbono de acontecimientos y sus acciones de reducción de emisiones.

3. Ámbito mínimo de inscripción: Para las huellas de carbono de organizaciones, como mínimo se tendrán que incluir las emisiones de los ámbitos 1 y 2. También se definen criterios para excluir ciertas fuentes.

4. Planes de reducción: A partir del 1 de enero de 2026, se tendrán que presentar los planes de reducción de emisiones según unos criterios establecidos por el decreto.

5. Procedimiento administrativo: Se fijan plazos para responder requerimientos y para resolver solicitudes, y se introduce el concepto de silencio administrativo.

6. Verificación externa: Cambian los criterios que determinan cuando es obligatorio que la huella de carbono sea verificada por una entidad externa.

7. Nueva definición de pyme: Se redefinen las pequeñas y medianas empresas y se establece un calendario para aplicar estas definiciones.

8. Compensaciones reconocidas: Se podrán registrar como compensaciones las absorciones de CO₂ derivadas de proyectos de reducción de emisiones que hayan sido reconocidos oficialmente por el Ministerio.

9. Coordinación con las comunidades autónomas: Se regulan mecanismos de coordinación con los gobiernos autonómicos y se busca la compatibilidad con sus registros propios.

10. Fecha de entrada en vigor: El decreto empezará a aplicarse el 12 de junio de 2025.

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El pasado 2 de abril entró en vigor la Ley 1/2025, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una medida destinada a reducir significativamente el derroche de alimentos en España. Esta iniciativa responde a la necesidad de combatir las pérdidas a lo largo de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo final, promoviendo una gestión más eficiente y sostenible de los recursos.

La nueva normativa establece varias obligaciones para los agentes de la cadena alimentaria:

• Planes de prevención: Las empresas tendrán que elaborar estrategias para minimizar el desperdicio, priorizando la donación de excedentes a entidades benéficas.
• Hostelería responsable: Bares y restaurantes están obligados a ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse las sobras de las comidas en envases reutilizables o fácilmente reciclables, sin coste adicional.
• Supermercados comprometidos: Los establecimientos de venta tienen que facilitar la compra de productos con fechas de consumo preferente próximas o con defectos estéticos a precios reducidos, fomentando así el consumo responsable.

Esta ley representa un paso adelante en la lucha contra el derroche alimentario, promoviendo una economía circular y sostenible, y sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de un consumo consciente y responsable.

El pasado 3 de abril se celebró la 10ª Jornada de Networking del Gremi en Món Sant Benet, un encuentro clave para el sector del reciclaje y la recuperación.

Continuando con el éxito de la edición anterior y reuniendo a unos 250 profesionales, el evento representó una oportunidad única para generar sinergias y abrir nuevas oportunidades de negocio a todos los niveles.

El acto se dirigió a un público amplio: desde representantes de administraciones públicas hasta empresas líderes, brokers internacionales, proveedores, ONG, sindicatos y académicos. El objetivo fue promover el intercambio de conocimiento y potenciar la colaboración en el marco de la economía circular.

La gerente de Econia Empresarial, Meritxell Barroso, después de su ponencia “EMISIONES DE CO₂, Mercado de oportunidades para TODOS los gestores”, fue la encargada de moderar la mesa redonda donde se trató el tema.

El Món Sant Benet, ubicado en el corazón de Catalunya, ofreció un entorno incomparable combinando patrimonio, sostenibilidad y alta gastronomía, convirtiéndose en el escenario ideal para este acontecimiento de referencia.

https://www.gremirecuperacio.org/

La Comisión Europea ha presentado la Directiva Ómnibus, una propuesta legislativa clave para agilizar el despliegue de tecnologías limpias y reducir las cargas administrativas que dificultan la transición ecológica.

Esta iniciativa forma parte del Plan Industrial del Pacto Verde Europeo y busca hacer más eficiente el marco normativo que afecta a sectores estratégicos como las energías renovables, la producción limpia y la descarbonización industrial.

El objetivo principal es simplificar los procesos administrativos sin rebajar los estándares ambientales. Para conseguirlo, la Directiva Ómnibus propone eliminar requisitos obsoletos, digitalizar trámites y fijar plazos máximos para el otorgamiento de permisos.

La Comisión estima que estas medidas podrían reducir hasta un 25% las obligaciones de información impuestas a empresas y administraciones públicas. Esta directiva modifica varias normativas europeas vigentes —como la Directiva de Emisiones Industriales y la legislación sobre residuos e impacto ambiental— para hacerlas más coherentes y compatibles con los objetivos climáticos de la UE.

«No se trata de menos protección ambiental, sino de mejor regulación«, ha subrayado la Comisión en un comunicado oficial. Con esta reforma, Europa busca reforzar su competitividad industrial a la vez que avanza hacia la neutralidad climática antes de 2050.

La propuesta será debatida por el Parlamento Europeo y el Consejo, con el objetivo de que entre en vigor en 2025.

La industria de la construcción continúa siendo uno de los mayores generadores de residuos en la Unión Europea. De hecho, el sector consume aproximadamente la mitad de todas las materias primas y es responsable de la generación de un tercio de los residuos en la UE. Los materiales tradicionales, como el hormigón y el aislamiento, ejercen un papel fundamental en este panorama, a causa de su uso intensivo y su corta vida útil.
Aunque se han conseguido algunos avances en áreas como el reciclaje de ciertos materiales, la realidad es que una gran parte de los residuos de la construcción continúa siendo rechazada sin ser reutilizada o reciclada adecuadamente.

Ante este panorama, organizaciones clave del sector del reciclaje y la sostenibilidad, como EuRIC (The European Recycling Industries), ECOS, el European Environmental Bureau, Deutsche Umwelthilfe y la Carbon Neutral Cities Alliances, han unido fuerzas para instar a la UE a tomar medidas más audaces en la Ley de la Economía Circular. Su propuesta se centra en dos puntos clave que podrían transformar el panorama de los residuos en la construcción:

– En primer lugar, estas organizaciones piden la reforma de la Directiva Marco de Residuos (WWFD), estableciendo objetivos más ambiciosos para la prevención y el reciclaje de residuos en la construcción. Esto incluiría una revisión de las normativas existentes para garantizar que se fomente un uso más eficiente de los recursos.

– En segundo lugar, abogan por la creación de incentivos para aumentar la demanda de materiales secundarios, promoviendo la compra pública verde y estableciendo normativas que favorezcan el contenido reciclado en los productos utilizados en proyectos de construcción. La compra pública verde, que fomenta la adquisición de productos y servicios que respetan principios ambientales, se perfila como una herramienta clave para impulsar el uso de materiales reciclados y reducir el impacto medioambiental.

Desde ECONIA, añadimos la necesidad que el sector de la construcción dé un paso adelante a través de la industrialización. La profesionalización a través del desarrollo industrial de este sector tiene múltiples ventajas alineadas con la economía circular: trazabilidad, reducción de residuos, control sobre materias primas, control en el consumo y vertido de aguas, reducción de riesgos laborales… En la industrialización se pueden aplicar todas las tecnologías, innovaciones y digitalización que los sectores económicos necesitan.

La circularidad en la construcción tiene que ser la norma, no la excepción.