Ayer se celebró en L’Hospitalet de Llobregat la jornada «Directiva de Emisiones Industriales 2.0: Retos y Oportunidades en Cataluña», organizada por la Generalitat.

La sesión puso sobre la mesa las principales novedades que conlleva esta actualización de la normativa europea, ya en vigor desde agosto de 2024. Meritxell Barroso, gerente de Econia, estuvo presente en la mesa redonda Retos y oportunidades para la industria catalana, representando al Gremi de Recuperadors de Residus de Catalunya.

Durante la jornada se ha destacado la importancia de adaptarse a los nuevos requisitos y de aprovechar las oportunidades que ofrece esta normativa para avanzar hacia una industria más limpia, eficiente y alineada con los objetivos climáticos.

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La Comisión Europea ha presentado la Estrategia de Resiliencia del Agua, con más de 30 medidas para restaurar el ciclo del agua, reducir el consumo y garantizar un acceso equitativo a este recurso. La estrategia responde a los efectos del cambio climático como sequías, incendios e inundaciones, que afectan a ciudadanos, a la agricultura, industrias y ecosistemas.

Se basa en tres ejes principales:

1. Restaurar y proteger el ciclo del agua, mejorando la aplicación de normativas como la Directiva Marco del Agua y reduciendo la contaminación (incluyendo PFAS).
2. Fomentar una economía inteligente del agua, con medidas de eficiencia hídrica para reducir el consumo un 10 % en la UE antes de 2030, minimizar escapes y modernizar infraestructuras.
3. Garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento, mediante sensibilización y buenas prácticas.

La estrategia incorpora acciones en cinco ámbitos: gobernanza, financiación (con más de 15.000 M€ entre 2025 y 2027), digitalización (IA y sensores), investigación e innovación (con una nueva Academia Europea del Agua) y seguridad hídrica (alertas y vigilancia en tiempo real).

Se prevé un Foro de Resiliencia del Agua cada dos años a partir de diciembre de 2025 y una revisión el 2027. Solo un 37 % de las aguas superficiales en la UE tienen buen estado ecológico, y un 29 %, buen estado químico. La Comisión destaca la urgencia de actuar para proteger este recurso escaso.

El auge de la inteligencia artificial (IA) está transformando sectores como la salud, la educación y la energía, pero también comporta un coste ambiental creciente. El entrenamiento de grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, puede generar emisiones de CO₂ equivalentes a centenares de toneladas, comparables a centenares de vuelos transcontinentales.

Los centros de datos que alimentan estos sistemas consumen grandes cantidades de electricidad y agua para su funcionamiento y refrigeración. Según la Agencia Internacional de la Energía, el consumo eléctrico global de los centros de datos logró los 460 tera vatios-hora el 2022, representando casi el 2% de la demanda eléctrica mundial.

Además, la fabricación y actualización constante del hardware necesario para la IA contribuye al aumento de los residuos electrónicos. Se estima que la IA podría generar entre 1,2 y 5 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos adicionales para el 2030, representando hasta el 12% de los residuos electrónicos globales.

Para mitigar estos impactos, expertos recomiendan desarrollar modelos más eficientes energéticamente, utilizar fuentes de energía renovable para alimentar los centros de datos y establecer marcos reguladores que exijan transparencia en la huella ambiental de la IA. Así, se busca equilibrar los beneficios de la IA con la necesidad de sostenibilidad ambiental.

Las asociaciones que reúnen a los fabricantes de bebidas -ANEABE, Cerveceros de España y la Asociación de Bebidas Refrescantes-, junto con las asociaciones de distribución ANGED y Asedas, han comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su voluntad de constituir una asociación independiente, sin ánimo de lucro y abierta a la participación de todos aquellos operadores obligados a desarrollar un SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) para envases de bebidas, único y universal.

Además de las asociaciones sectoriales mencionadas, FIAB aportará a la Asociación la visión del conjunto de la industria de alimentación y bebidas en relación con otros impactos del modelo y AECOC asumirá la Secretaría Técnica del proyecto, dando soporte estratégico y operativo a este proceso.

La decisión de las organizaciones, comunicada oficialmente al MITERD la semana pasada durante una reunión con Hugo Morán -secretario de Estado de Medio Ambiente- y Marta Gómez Palenque -directora general de Calidad y Evaluación Ambiental-, responde a la decisión del Gobierno de implementar en España un sistema de SDDR, que permita avanzar en el cumplimiento del objetivo de recogida de envases que marca la Ley de Residuos, preservando la unidad de mercado.

El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la mejora de las ratios de recogida separada y reciclaje de envases y confirma los avances del grupo de trabajo en el que el Ministerio, las asociaciones del sector, organizaciones de consumidores y organizaciones medioambientalistas colaboran, desde hace meses, para marcar la hoja de ruta del futuro de los envases en nuestro país y acompasar el Real Decreto de Envases con el Reglamento Europeo de envases y residuos de envases.

Tanto las organizaciones como el Ministerio han destacado que la complejidad del proceso hace esencial la colaboración con todos los agentes involucrados y debe tener muy en cuenta el relevante papel de los consumidores para la implantación eficaz del nuevo modelo.

El SDDR, que ya está operativo en algunos países europeos desde hace años, consiste en aplicar un depósito que se añade al precio de algunas bebidas en determinados envases que el consumidor puede recuperar íntegramente al devolverlos en los puntos de recogida habilitados para ese fin.

Con la implementación del SDDR en España el Gobierno quiere contribuir también a la armonización que persigue la Unión Europea a la hora de minimizar el impacto ambiental de los envases y fomentar la transición hacia una economía circular, que recoge el Reglamento Europeo de envases y residuos de envases.

El pasado 12 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto 214/2025, aprobado el 18 de marzo, que crea un registro para la huella de carbono, compensaciones y proyectos de absorción de CO₂. También establece la obligación para determinadas empresas e instituciones de calcular su huella de carbono, elaborar un plan para reducir sus emisiones de gases invernadero y hacerlo público.

Los 10 puntos clave del decreto son:

1. Diferenciación de obligaciones: Se establece, por un lado, la obligación de calcular la huella de carbono y de hacer un plan de reducción de emisiones para determinadas entidades, y por otro lado, la inscripción en el registro (que no es obligatoria para todo el mundo).

2. Inclusión de acontecimientos: También se podrán registrar las huellas de carbono de acontecimientos y sus acciones de reducción de emisiones.

3. Ámbito mínimo de inscripción: Para las huellas de carbono de organizaciones, como mínimo se tendrán que incluir las emisiones de los ámbitos 1 y 2. También se definen criterios para excluir ciertas fuentes.

4. Planes de reducción: A partir del 1 de enero de 2026, se tendrán que presentar los planes de reducción de emisiones según unos criterios establecidos por el decreto.

5. Procedimiento administrativo: Se fijan plazos para responder requerimientos y para resolver solicitudes, y se introduce el concepto de silencio administrativo.

6. Verificación externa: Cambian los criterios que determinan cuando es obligatorio que la huella de carbono sea verificada por una entidad externa.

7. Nueva definición de pyme: Se redefinen las pequeñas y medianas empresas y se establece un calendario para aplicar estas definiciones.

8. Compensaciones reconocidas: Se podrán registrar como compensaciones las absorciones de CO₂ derivadas de proyectos de reducción de emisiones que hayan sido reconocidos oficialmente por el Ministerio.

9. Coordinación con las comunidades autónomas: Se regulan mecanismos de coordinación con los gobiernos autonómicos y se busca la compatibilidad con sus registros propios.

10. Fecha de entrada en vigor: El decreto empezará a aplicarse el 12 de junio de 2025.

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El pasado 2 de abril entró en vigor la Ley 1/2025, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una medida destinada a reducir significativamente el derroche de alimentos en España. Esta iniciativa responde a la necesidad de combatir las pérdidas a lo largo de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo final, promoviendo una gestión más eficiente y sostenible de los recursos.

La nueva normativa establece varias obligaciones para los agentes de la cadena alimentaria:

• Planes de prevención: Las empresas tendrán que elaborar estrategias para minimizar el desperdicio, priorizando la donación de excedentes a entidades benéficas.
• Hostelería responsable: Bares y restaurantes están obligados a ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse las sobras de las comidas en envases reutilizables o fácilmente reciclables, sin coste adicional.
• Supermercados comprometidos: Los establecimientos de venta tienen que facilitar la compra de productos con fechas de consumo preferente próximas o con defectos estéticos a precios reducidos, fomentando así el consumo responsable.

Esta ley representa un paso adelante en la lucha contra el derroche alimentario, promoviendo una economía circular y sostenible, y sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de un consumo consciente y responsable.