La Unión Europea (UE) fija como objetivos la retirada del amianto de todos los edificios públicos antes de 2028 y del conjunto de la Unión en 2032. Por este motivo, se ha impulsado la aprobación del Plan nacional para la erradicación del amianto en Cataluña (ACORD GOV/53/2023), que se diseña como un instrumento dinámico que desplegará sus acciones durante el periodo 2023-2032.

A través de este plan, la Agencia de Residuos de Cataluña publicará en breve las bases de una nueva convocatoria de ayudas para la retirada del amianto, que contará con una dotación de 50 millones de euros.

El periodo de elegibilidad del gasto será desde el 1 de enero de 2023 hasta 24 meses después de la resolución de otorgamiento. Los importes serán variables según las dimensiones de la cubierta a retirar y el tipo de actividad económica que se realice en el edificio. Si las cubiertas y otros elementos que contengan amianto se sustituyen por placas fotovoltaicas de autoconsumo, éstas también serán objeto de ayuda.

También se ha habilitado un fondo específico de 10 millones de euros, ampliable con aportaciones adicionales a lo largo del año, para desarrollar este plan y conseguir eliminar los cuatro millones de toneladas de amianto que se calcula que hay en Cataluña.

Más info: ACUERDO GOV/53/2023, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Plan nacional para la erradicación del amianto en Cataluña 2023-2032. (gencat.cat)

La Eurocámara ha adoptado la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (responsables del 36% de las emisiones de los gases de efecto invernadero -GEI-). Se pretende así que el sector de la construcción sea climáticamente neutro en 2050 .

La revisión marca, por un lado que, a partir de 2028, los nuevos edificios deben ser cero emisiones (en 2026, en el caso de los de la Administración Pública), y equipados con tecnología solar. Por otro lado, aumentar la rehabilitación de edificios para mejorar su eficiencia a nivel energético.

También indica que los edificios residenciales deben conseguir, como mínimo, en 2030 la clasificación energética E y, en 2033, la D. Estos objetivos, en el caso de los edificios no residenciales deberán cumplirse en 2030 y en edificios públicos en 2027.

Conjuntamente a esta revisión, el Parlamento Europeo ha revisado el «Reglamento del Reparto del Esfuerzo» y también el «Reglamento que eleva el objetivo de la UE de absorción de emisiones de dióxido de carbono por los bosques».

Los próximos pasos para estos textos son la ratificación del Consejo y su posterior publicación en el Diario Oficial de la UE y su entrada en vigor veinte días después.

El pasado 19 de noviembre Meritxell Barroso, gerente de Econia y directora de AETRAC (Associació d’Empreses de Tractament de vehicles fora d’ús de Catalunya) impartió un webinar sobre la nueva legislación de gestión de neumáticos.

Para comentar el nuevo RD731/2020, la presentación se centró en tres puntos principales: cuáles son las novedades respecto a la legislación anterior, cuáles son las obligaciones de los productores de neumáticos y cuál es el papel de los CATs.

En el siguiente vídeo podéis ver el webinar completo:

Ordenará, simplificará y unificará los procedimientos administrativos previstos para las actividades con incidencia en el medio ambiente. A partir de ahora, los grupos parlamentarios podrán realizar aportaciones al documento, para configurar un texto final con el mayor consenso posible.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Administración Ambiental del País Vasco que será remitido al Parlamento para su debate. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, considera que “es el momento oportuno para someter a debate y proceder a la aprobación definitiva de la Ley”, y se ha mostrado convencida de que “este intento será el definitivo”.

El proyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi se ha elaborado siguiendo el concepto de “normativa inteligente”, según el cual, la normativa debe elaborarse reforzando el papel de la ciudadanía, analizando su repercusión socioeconómica y bajo la perspectiva de la simplificación administrativa, (unificando los procedimientos de intervención ambiental y suprimiendo trámites innecesarios).

El proyecto regula las competencias que en materia de medio ambiente corresponden a las diferentes Administraciones públicas de la CAPV articulando instrumentos de coordinación como son el Programa Marco Ambiental y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que se configura como un órgano consultivo y de participación.

Se diseña una nueva sistemática para favorecer la relación entre la Administración pública y la ciudadanía, con el fin de facilitar la participación de ésta en la toma de decisiones en materia ambiental, regulando el suministro de información, la participación y el acceso a la justica en relación con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. En este sentido, cabe citar la normalización de la herramienta de tramitación ambiental INGURUNET como medio para articular, entre otras, la gestión, la investigación y la toma de decisiones.

El proyecto de ley dedica una especial atención a la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente, bajo las premisas de la simplificación y la unificación de los procedimientos administrativos previstos en la normativa sectorial, integrando requisitos, y eliminando los obstáculos jurídicos y administrativos para el desarrollo de las actividades, pero manteniendo, a su vez, los elevados estándares de calidad ambiental propios de Euskadi.

Los instrumentos de mejora ambiental son también objeto de regulación en el proyecto de ley. En este sentido cabe citar los sistemas Europeos de Gestión Ambiental EMAS y de etiqueta ecológica, el análisis del ciclo de vida de productos y organizaciones, la ecoinnovación, la compra pública verde, la fiscalidad ecológica o la realización de acciones de voluntariado de interés ambiental general, todos ellos considerados como mecanismos diseñados para impulsar la corresponsabilidad pública privada en la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las obligaciones en esta materia.

La inspección y el control de las actividades con incidencia ambiental, como garantía de la adecuación a la legalidad de las actividades sometidas a la ley, es objeto de una regulación pormenorizada junto con las previsiones para la restauración de dicha legalidad y la exigencia de responsabilidad por daños ambientales, incluyendo la aplicación de sanciones como consecuencia de la realización de las infracciones que se tipifican en la norma dentro de su régimen disciplinario.

En términos generales, se trata de un proyecto que mejora sustancialmente la normativa en vigor, porque avanza en el control de las actividades con posible impacto en el medio, incorpora instrumentos que van más allá de esto, tales como la figura de las entidades de colaboración ambiental, el impulso del voluntariado ambiental, la hoy más que nunca necesaria Compra pública Verde, y el futuro a través de figuras como la Ecoinnovación y la fiscalidad ambiental.

La tramitación parlamentaria permitirá debatir y recabar aportaciones que enriquezcan el documento aprobado hoy en Consejo de Gobierno que, y según la consejera “ofrece una base legislativa que es un buen punto de partida”.

Fuente: IHOBE

El Gobierno central y la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas han abierto una consulta para que todas las empresas estatales puedan aportar sus propuestas sobre la Agenda 2030,el proyecto internacional para impulsar el desarrollo sostenible económico, social y ambiental. Se trata de una encuesta online, abierta y a la que están convocadas todas las empresas españolas, independientemente de su naturaleza, sector o titularidad.

Esta iniciativa se enmarca dentro de los planes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno central para la definición de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que identificará las transformaciones y políticas públicas prioritarias para impulsar el logro de la Agenda 2030 en el contexto de la recuperación post-Covid19.

La Red Española del Pacto Mundial ha animado a las comunidades autónomas, a difundir entre empresas y organismos esta sencilla encuesta. Además, ha instado a involucrar al entorno de las empresas, como clientes, proveedores y otros grupos de interés, con el fin de alcanzar unos óptimos resultados y obtener una visión de las empresas lo más representativa posible en términos de tamaño, sector y ubicación geográfica.

El plazo de presentación de propuestas para la consulta electrónica concluye el 27 de septiembre. Las conclusiones resultantes serán canalizadas en el marco del proceso de definición de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, cuya hoja de ruta está en elaboración.

A pesar de la situación causada por la Covid-19, en el marco del proyecto ECCAT, se da por finalizada la fase de testeo de las técnicas y tecnologías de reparación avanzada de sistemas de retención de contaminantes prevista.

Los datos recogidos en el testeo permitirán la realización, por parte de ECONIA, de un análisis técnico, ambiental y económica de la tecnología de reparación elegida. Además, servirán como base técnica para la implementación y justificación de los beneficios de la reparación avanzada de estos sistemas para la creación de una vía real de mercado circular.

En caso de viabilidad positiva, el proyecto permitirá la creación de una nueva línea de negocio en ASYSUM, integrando todos los agentes de la cadena de valor (y en particular, talleres y desguaces) y está claramente alineada con los principios de la economía circular.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Agència de Residus de Catalunya y el Departament de Territori i Sostenibilitat y se enmarca dentro las ayudas de proyectos de fomento de la economía circular. ECONIA actúa también como project manager.