Del 24 al 28 de agosto de 2025 se celebra la Semana Mundial del Agua, impulsada por el Stockholm International Water Institute (SIWI). Esta edición lleva por lema Agua por la acción climática, poniendo de relieve el papel fundamental del agua en la respuesta global a la crisis climática.

El foro reúne expertos, instituciones y organizaciones de todo el mundo para debatir y compartir soluciones sobre retos hídricos urgentes: desde la gobernanza del agua hasta la protección de ecosistemas y la inversión en infraestructuras resilientes.

Uno de los ejes destacados es el Foco en las Américas, que aborda la situación en América Latina y el Caribe. Esta región, especialmente vulnerable a la sequía y a los fenómenos extremos, reclama respuestas colectivas y una mayor cooperación internacional para garantizar seguridad hídrica y climática.

La Semana Mundial del Agua es una oportunidad para generar debate, impulsar la innovación y reforzar la colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad civil.

Desde Econia nos sumamos al llamamiento: debemos actuar de manera urgente e integrar el agua como eje central de las políticas climáticas para asegurar un futuro sostenible.

Esta semana, más de 170 países están reunidos en Ginebra para intentar acordar un tratado mundial contra la contaminación por plásticos. ¿El objetivo? Regular todo el ciclo de vida del plástico: desde la producción hasta la gestión de los residuos.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), no basta con reciclar: hay que repensar la producción y el uso del plástico para reducir drásticamente el impacto. La razón es que el plástico ya se ha encontrado en todas partes: en los océanos, al aire… e incluso en el cuerpo humano.

¿El gran debate? Si se tendrían que poner límites globales obligatorios a la producción de plásticos. Muchos países y entidades ecologistas están a favor, pero otras —como los EEUU, Rusia o Arabia Saudí— se oponen y apuestan solo por el reciclaje.

Greenpeace pide reducir la producción un 75% antes del 2040. Otros grupos, como WWF y empresas, reclaman medidas concretas: eliminar químicos tóxicos, fomentar productos más sostenibles y apoyar a los países que más sufren la crisis ambiental.

Las negociaciones terminan el 14 de agosto y pueden marcar un antes y un después en la lucha global contra la contaminación por plásticos.

Este 2025, la Comisión Europea ha publicado un informe que analiza cómo España aplica las leyes ambientales europeas. La llamada Revisión de la Implementación Ambiental (EIR) destaca algunas buenas prácticas, pero también retos graves que continúan sin resolverse.

Entre los puntos positivos, se reconoce que España ha avanzado en la gestión de datos ambientales y en la integración del principio “no causar daño ambiental” en los fondos de recuperación post-COVID. También destaca la participación activa en proyectos ambientales europeos.

Pero los problemas principales son persistentes:

• Contaminación por nitratos, sobre todo proveniente de la agricultura intensiva, que afecta las aguas subterráneas y superficiales.
• Depuración insuficiente: todavía existen localidades que no tratan correctamente las aguas residuales.
• Carencia de coordinación entre administraciones y falta de recursos humanos y económicos.
• Infra financiación: serían necesarios 1.700 millones de euros anuales extra para aplicar correctamente la normativa ambiental.
• Economía circular débil: demasiados residuos van a vertederos y falta recogida selectiva.

La Comisión insta a España a actuar con urgencia, a aprovechar mejor los fondos europeos y a reforzar la colaboración entre gobiernos. Aplicar bien la normativa ambiental no es solo una obligación legal: es clave para proteger la salud, la biodiversidad y prepararnos para el futuro.

Según datos oficiales publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el mes de junio de 2025 ha sido el más cálido en España desde que se tienen registros, superando ampliamente cualquier precedente.

La temperatura media mensual ha estado de 23,6 °C, hecho que representa una anomalía positiva de +3,5 °C respecto a la media del periodo 1991–2020 y +0,8 °C por encima del récord anterior, registrado el junio de 2017.

Este incremento no ha sido puntual: el conjunto del territorio peninsular ha vivido episodios de olas de calor excepcionales, con máximas que han llegado a los 46 °C en puntos del sur, como por ejemplo en El Granado (Huelva).

Al mismo tiempo, las temperaturas nocturnas se han mantenido elevadas de manera persistente, provocando numerosas noches tropicales (mínimas superiores a 20 °C) en varias zonas del Estado.

A esta situación se añade un descenso notable de las precipitaciones, que solo han logrado el 68% del valor medio esperado, consolidando el junio como uno de los más secos de la serie histórica.

También destaca el aumento anómalo de la temperatura del mar Mediterráneo, que ha logrado una media de 26 °C, con valores hasta 5 grados por encima de la normalidad climática.

Este escenario pone de manifiesto la intensificación de los efectos del cambio climático a escala estatal y refuerza la necesidad de aplicar medidas urgentes de adaptación y mitigación. El impacto sobre la salud, los ecosistemas, la agricultura y los recursos hídricos es cada vez más evidente.

Un estudio liderado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) y la Universitat de Barcelona (UB) revela un mecanismo poco conocido, pero de gran relevancia climática: la liberación de metano (CH₄) y dióxido de carbono (CO₂) hacia la atmósfera a través de aguas subterráneas que atraviesan zonas árticas afectadas por el deshielo del permafrost.

La investigación ha demostrado que el calentamiento global y el aumento de las precipitaciones activan escorrentías subterráneas cargadas de gases que acaban desprendiéndose en lagos árticos. Mediante el uso de técnicas como la detección de radón como marcador de flujo subterráneo, el estudio ha evidenciado que estas aguas contienen altos niveles de metano generado por actividad microbiana en suelos que hasta hace poco permanecían congelados.

Esta dinámica se intensifica especialmente durante los meses de verano, coincidiendo con temperaturas más altas y un mayor deshielo de nieve y hielo. El estudio alerta que el aumento previsto de las lluvias en el Ártico podría incrementar significativamente este mecanismo de liberación de gases de efecto invernadero.

Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de incorporar este nuevo flujo subterráneo de carbono a los modelos climáticos globales, puesto que podría suponer una fuente de emisiones hasta ahora infraestimada. Esto es especialmente relevante en un contexto de cambio acelerado en las regiones polares, que actúan como indicadores avanzados de la crisis climática planetaria.

El 20 de junio de 2025 entró en vigor una nueva normativa de la Comisión Europea que obliga a todos los teléfonos móviles, tabletas y teléfonos fijos inalámbricos a mostrar una etiqueta energética con información sobre eficiencia, durabilidad, protección y, por primera vez, un indicador de reparabilidad .

Este sello, que clasifica los aparatos de la A (más reparables) a la E (menos reparables), tiene el objetivo de fomentar la reparación, alargar la vida útil de los dispositivos y reducir el derroche electrónico.

La nueva etiqueta incluye varios ítems: clase de eficiencia energética, autonomía de la batería, número de ciclos de carga, resistencia a veces y caídas, grado de índice IP (polvo y agua) y, como novedad, la nota de reparabilidad .
Además, la normativa de ecodiseño impone requisitos concretos: los dispositivos tienen que soportar al menos 45 caídas accidentales, mantener ≥ 80 % de capacidad de la batería después de 800 ciclos, ofrecer actualizaciones del sistema operativo al menos durante 5 años y garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto durante 7 años después de la retirada del mercado, con entrega en 5 10 días laborables.

Según la Comisión, estas medidas podrían ahorrar hasta 2,2 TWh de electricidad y 20.000 millones € a los consumidores en el año hasta el 2030, además de reducir 0,2 Mt de CO₂ anuales.

También se espera que la etiqueta refuerce la confianza de los consumidores en productos más sostenibles y dinamice el sector de la reparación profesional, promoviendo puestos de trabajo locales.

En conjunto, la estrategia forma parte del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción para la Economía Circular, que busca transformar la industria electrónica e impulsar un mercado más respetuoso con el medio ambiente.