La COP30, celebrada por primera vez en el corazón de la Amazonia, en Belém (Brasil), ha cerrado una edición especialmente compleja en un momento de alerta climática global.

El encuentro, denominado el “GOLPE de la implementación”, arrancó con grandes expectativas y con el llamamiento del presidente brasileño, Lula da Silva, a reforzar la ambición climática. No obstante, las negociaciones estuvieron condicionadas por un contexto geopolítico tenso, protestas indígenas e incluso un incendio que interrumpió temporalmente la conferencia.

La financiación climática se situó en el centro de todas las discusiones. Los países en desarrollo reclamaron movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales hasta el 2035, muy por encima de los 300.000 millones acordados el 2024.

En el ámbito de la adaptación, se aprobaron 59 indicadores iniciales para medir el progreso del nuevo Objetivo Global de Adaptación, a pesar de las críticas por la carencia de negociación previa.
Paralelamente, se activó la iniciativa Belém-Addis, un proceso de dos años para revisar y perfilar estos indicadores.
A su vez y aun teniendo en cuenta la ausencia de nuevos compromisos económicos, se validó el funcionamiento del Fondo de Pérdidas y Daños.

En cuanto a la transición justa, la COP30 acordó crear un mecanismo institucional para coordinar asistencia técnica y cooperación internacional, mientras que en los mercados de carbono se avanzó en cuestiones clave para desplegar el mecanismo de créditos del Artículo 6.4, que se prevé operativo el 2026.
Igualmente, se amplió hasta junio de 2026 el plazo para que los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio puedan migrar al nuevo marco del Acuerdo de París.

El punto más controvertido fue la carencia de un acuerdo sobre la reducción progresiva de los combustibles fósiles. La oposición de 117 países impidió incluir cualquier mención en el texto final, generando una fuerte decepción entre la Unión Europea, países insulares y estados especialmente vulnerables.

La cumbre deja adelantos relevantes en multilateralismo, género, comercio e integridad de la información, pero también importantes deberes pendientes: financiación insuficiente, ausencia de un plan claro para frenar la deforestación y NDCs todavía lejos de garantizar el objetivo de 1,5 °C.

La gerente de Econia, Meritxell Barroso, ha sido nombrada nueva Directora Técnica Medioambiental de ASMADE, un cargo que refuerza su posición como una de las figuras más relevantes en el ámbito de la gestión ambiental del sector de la automoción, entre otros.

Su nombramiento llega en un momento estratégico, marcado por importantes cambios normativos europeos y por la necesidad de consolidar la profesionalización del sector.

Barroso aporta una trayectoria sólida y reconocida en gestión ambiental, hecho que la convierte en un perfil imprescindible para orientar técnicamente a los Centros Autorizados de Tratamiento (CATs) de la Comunidad de Madrid.

Durante la reunión celebrada el 6 de noviembre en el Hotel Las Artes, Barroso tuvo un papel activo en el análisis de los principales retos que afrontan los CATs.

Expuso cómo avanza la redacción del futuro Reglamento Europeo sobre vehículos al final de su vida útil, en el que participa activamente. También explicó las novedades del nuevo reglamento de gestión de neumáticos y las modificaciones previstas en materia de gases fluorados, todas ellas cuestiones que impactan directamente en los procesos de descontaminación y trazabilidad.

Finalmente, participó en la presentación de los adelantos de la nueva web y de las herramientas de comunicación interna de ASMADE, pensadas para reforzar la transparencia y el apoyo a los socios.

Con la incorporación de Meritxell Barroso en el equipo directivo, el sector del desguace de Madrid inicia una etapa orientada a la sostenibilidad, la digitalización y el cumplimiento ambiental riguroso.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha anunciado un nuevo paquete de subvenciones valorado en aproximadamente 2.000 millones de euros, con el objetivo de acelerar la descarbonización y reforzar la competitividad empresarial. La ministra Sara Aagesen ha presentado estas medidas, que se enmarcan en la estrategia estatal para avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

Objetivo del programa.
El paquete de ayudas se estructura en cuatro líneas principales de actuación:

• El refuerzo de la cadena de valor industrial.
• La integración de energías renovables.
• El impulso de la movilidad eléctrica.
• El fomento de soluciones térmicas innovadoras tanto en el ámbito industrial como residencial.

Un esquema que se extiende más allá del Plan de Recuperación.
Las nuevas líneas de ayuda se financiarán con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y, en varios casos, se enmarcan en el Marco europeo de ayudas estatales para la industria limpia (CISAF). Este marco permite autorizar subvenciones hasta diciembre de 2028, lo que posibilita que determinadas actuaciones se puedan ejecutar más allá del 31 de agosto de 2026, la fecha límite inicial.

Detalle de las líneas de actuación.

• Primer eje: Se destinarán 300–350 millones de euros para impulsar proyectos de fabricación de equipos relacionados con energías renovables y tecnologías transformadoras.
• Segundo eje: Incluye una nueva convocatoria de ayudas para la repotenciación eólica.
• Tercer eje: Centrado en la movilidad eléctrica, con dos nuevas convocatorias: Moves Corredores y Moves Flotas.
• Cuarto eje: Orientado al desarrollo de soluciones térmicas sostenibles para reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética.

MÁS INFORMACIÓN:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2025/131125-aagesen-ayudas-transicion-energetica.aspx?gfe=es20251114

La 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) comenzó el 10 de noviembre en Belém, en el corazón de la Amazonía brasileña.

Esta cumbre reúne a representantes de más de 190 países con un objetivo claro: dejar atrás los discursos y avanzar hacia acciones reales para frenar el calentamiento global.

El mensaje es contundente: el planeta no puede esperar más. A pesar de los compromisos anteriores, muchos países todavía no han cumplido sus promesas para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C.

En Belém se debate cómo reforzar estos objetivos y cómo financiar la transición verde, especialmente en los países en vías de desarrollo.

Brasil ha querido situar la Amazonía en el centro del debate, recordando que es uno de los pulmones del planeta y una pieza clave para la biodiversidad mundial.
También se ha hecho hincapié en la importancia de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, guardianes del territorio.

La COP30 quiere ser recordada como la conferencia de la acción. Desde la transición energética hasta la protección de los bosques, los participantes tienen dos semanas para convertir las palabras en políticas reales.

“Es hora de pasar de las promesas a la práctica”, ha afirmado el secretario ejecutivo de la UNFCCC.

Hasta el 21 de noviembre, el mundo mira hacia Belém con la esperanza de que esta vez, sí, llegue el cambio.

La transición hacia la movilidad eléctrica es una pieza clave en la lucha contra el cambio climático, pero también supone importantes retos en materia de gestión de residuos y economía circular. En el caso de los vehículos eléctricos, y especialmente de sus baterías, se identifican varios obstáculos que hay que abordar desde una perspectiva técnica y reguladora:

– Volumen de baterías al final de su de vida todavía reducido, pero en crecimiento inminente.
Según un informe del Institute for European Environmental Policy (IEEP), actualmente las baterías de vehículos eléctricos que llegan al final de su vida útil son pocas, pero se espera un aumento sustancial en la próxima década.

– Infraestructura de reciclaje insuficiente y costosa.
El desarrollo de plantas de reciclaje de baterías en la Unión Europea se ve limitado por las elevadas inversiones necesarias, la incertidumbre reguladora y la carencia de escala industrial.

– Diseño de los vehículos y de las baterías que dificulta el reciclaje.
La ausencia de estándares unificados y la rápida evolución tecnológica de las baterías complican el desmontaje, la reutilización (second life) y el reciclaje eficiente.

– Dependencia de los materiales críticos y retos de recuperación.
Los materiales como el litio, níquel, cobalto y grafito son esenciales, pero su recuperación mediante reciclaje todavía presenta obstáculos técnicos y económicos. El Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea alerta del riesgo de desequilibrio entre oferta y demanda en los años próximos.

– Requisitos reguladores emergentes e incertidumbre de cumplimiento.
La nueva Regulación (UE) 2023/1542 sobre baterías establece objetivos más estrictos de recogida y recuperación de materiales, pero su aplicación práctica todavía plantea retos.

Para los gestores de residuos, el reto es anticiparse al volumen creciente de baterías de vehículos eléctricos y establecer canales específicos para su recepción, almacenamiento seguro (teniendo en cuenta el riesgo químico y de incendio) y transferencia hacia instalaciones de reciclaje autorizadas.

También es fundamental colaborar con fabricantes y distribuidores para fomentar diseños más reciclables y garantizar la trazabilidad de los componentes. Finalmente, su implicación en la economía circular, transformando residuos en materias primas secundarias, será un elemento clave en un mercado que evoluciona rápidamente.

El pasado 16 de septiembre tuvo lugar la sesión en línea Obligaciones de los CATs, una jornada formativa organizada conjuntamente por el Gremi de Recuperació de Catalunya y Albert Custodio, cofundador y director de Econia Empresarial.

El acto contó con la participación de la asociación AETRAC (colaboradora habitual del Gremi en temas relacionados con los Centros Autorizados de Tratamiento) y de Leticia Hunault, técnica de proyectos de Econia, como especialista en plantas de tratamiento de Vehículos Fuera de Uso.

Durante la sesión, se analizó de manera clara y práctica la normativa vigente y las obligaciones específicas que afectan a este tipo de instalaciones, esenciales para el correcto tratamiento y desguace de vehículos fuera de uso. Se repasaron aspectos técnicos, ambientales y administrativos que forman parte del día a día de los gestores autorizados, poniendo especial énfasis en el cumplimiento de los requisitos legales.

Gracias a la participación de AETRAC y al conocimiento técnico de Econia, la jornada ofreció una visión integral del funcionamiento de los CAT, abordando tanto las tareas operativas como las responsabilidades documentales y de control. Esta combinación de experiencia y rigor normativo permitió resolver dudas concretas de los asistentes y profundizar en aspectos prácticos de la gestión ambiental.

En resumen, fue una sesión muy valiosa para los profesionales del sector, ya que aportó ejemplos reales, recomendaciones útiles y herramientas de apoyo para afrontar con mayor seguridad y eficiencia las exigencias legales que conlleva la actividad del desguace.