Este lunes ha entrado en vigor el Reglamento de la Comisión sobre las fuentes de alimentación externas, elaborado para unificar las características técnicas de los adaptadores y cargadores de todo tipo de dispositivos y electrodomésticos. Sin embargo, la adopción del cargador universal para móviles se escapa de la actuación de la Comisión Europea, debido a que la practica totalidad de los principales fabricantes proceden de Asia o Estados Unidos.
El nuevo reglamento comunitario sobre las fuentes de alimentación externas tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética de infinidad de aparatos, desde los ordenadores portátiles a los cepillos de dientes eléctricos. Por medio de esta normativa, Bruselas estaría en condiciones de ahorrar en sus facturas eléctricas y «contribuir a alcanzar los objetivos de ahorro energético de la UE», así como reducir las emisiones.
Según explican fuentes de la Comisión Europea, cada hogar europeo acumula una media de diez cargadores, lo que representa más de 2.000 millones en la UE. Todas ellos son adaptadores de corriente que se utilizan para convertir la corriente eléctrica de la red a tensiones inferiores.
En adelante, estas fuentes de alimentación externas homologadas para el territorio europeo serán mucho más eficientes desde el punto de vista energético que las actuales. Así se espera que, a partir de 2030, «el ahorro de energía eléctrica sea de más de 4 TWh/año, suficiente para proporcionar energía eléctrica a toda Letonia durante un mes y equivalente a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de más de 1,4 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año».
La nueva normativa de adaptadores afecta a todos los fabricantes de electrónica de consumo (teléfonos inteligentes, altavoces, sistemas de sonido, televisores); productos TIC (módems, enrutadores, ordenadores portátiles, tabletas, pantallas electrónicas); pequeños aparatos de cocina (batidoras, exprimidoras); y aparatos para la higiene personal (máquinas de afeitar, cepillos de dientes eléctricos).
Con este conjunto de medidas se espera alcanzar, a partir de 2030, «un ahorro total de energía de 167 TWh al año, lo que equivale al consumo de energía anual de Dinamarca, con un ahorro acumulado correspondería así a la reducción anual de más de 46 millones de toneladas equivalentes de CO2», según fuentes comunitarias.
Fuente: eleconomista.es