Hoy, Econia ha asistido a la sesión kick-off para los beneficiarios de la convocatoria 2025 de las Ayudas para Proyectos de Innovación Tecnológica Green – Cambio Climático, impulsadas por la Agencia para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ).

Estas ayudas tienen como objetivo incentivar a las empresas establecidas en Catalunya para que desarrollen proyectos innovadores que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o a adaptarse a los impactos del cambio climático.

Estas ayudas cubren hasta el 75% del gasto subvencionable, con un máximo de 90.000 € por proyecto, y se dirigen principalmente a pymes industriales y de servicios con establecimiento operativo en Catalunya y al menos dos años de actividad.

En Econia estamos comprometidos en ayudar a nuestros clientes a conseguir ayudas públicas que permitan avanzar hacia la transición verde.

Ayer 11 de febrero, el director de Econia, Albert Custodio, asistió a la jornada “¿Cómo crear o mejorar los servicios proactivos que ofrecen las administraciones?”, organizada por la Generalitat de Catalunya en el Distrito Administrativo de Barcelona.

La sesión reunió a expertos en transformación digital y representantes de administraciones europeas para compartir experiencias y líneas de trabajo en el desarrollo de servicios públicos proactivos orientados a empresas y ciudadanía.

Esta jornada se enmarca en el proyecto europeo PROACTsme, liderado por la Oficina de Gestión Empresarial (OGE), con el objetivo de avanzar hacia administraciones capaces de anticiparse a las necesidades de las pymes mediante datos y herramientas digitales.

En la primera parte de la sesión se expusieron diversas experiencias impulsadas en Catalunya en materia de servicios proactivos, así como su estado actual y los retos para su implantación efectiva en la relación con las empresas.

En el turno abierto de preguntas se generó un debate especialmente relevante sobre la complejidad y la falta de homogeneización en los permisos y trámites de actividades, una cuestión que continúa generando incertidumbre entre empresas y técnicos.
Esta reflexión pone de manifiesto la necesidad de simplificar y coordinar procedimientos para facilitar la actividad económica.

Desde Econia continuaremos siguiendo de cerca estas iniciativas, que marcarán la evolución de la relación entre administración y empresa y tendrán un impacto directo en sectores regulados como la gestión de residuos y la industria.

El Gobierno español aprobó el nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2025-2035, el documento estratégico que orientará la política de residuos en España durante la próxima década. Impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, este plan se convierte en el principal instrumento para mejorar la gestión actual, corregir las deficiencias detectadas y garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados por la normativa europea y estatal.

El PEMAR se estructura en 26 capítulos, de los cuales 16 se dedican a flujos específicos de residuos: municipales, envases, RAEE, vehículos fuera de uso, neumáticos, aceites usados, RCD, residuos industriales y sanitarios, entre otros. Para cada flujo, el documento describe la normativa aplicable, la situación actual de la gestión y los objetivos a alcanzar hasta 2035, incorporando indicadores ambientales para realizar el seguimiento de su cumplimiento.

Uno de los ejes centrales del plan es reforzar las opciones superiores de la jerarquía de residuos, con una apuesta clara por la recogida separada en origen como elemento clave para avanzar en prevención, reutilización y reciclaje. El PEMAR también integra los objetivos de reutilización de envases establecidos en el RD 1055/2022 y fija metas más ambiciosas en ámbitos concretos como la preparación para la reutilización de RAEE o la valorización de los residuos de construcción y demolición.

En relación con los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), el plan tiene en cuenta que la recogida separada de botellas de plástico de un solo uso se situó en el 42,3% en 2023, por debajo del 70% exigido por la Ley 7/2022. Este contexto refuerza la necesidad de avanzar hacia la implantación de este sistema y hacia una gestión de residuos más eficiente, circular y alineada con los objetivos europeos.

Esta semana pone el foco en dos pilares fundamentales de la sostenibilidad ambiental: el Día Mundial de la Educación Ambiental (26 de enero) y el Día Mundial para la Reducción de las Emisiones de CO₂ (28 de enero). Dos fechas diferentes, pero profundamente conectadas, que nos recuerdan que no puede haber acción ambiental efectiva sin conocimiento, ni conocimiento con impacto real sin acción.

La educación ambiental es la base para entender y transformar nuestra relación con el medio. Va más allá de la sensibilización: permite identificar impactos, anticipar riesgos y tomar decisiones informadas. En el ámbito profesional y empresarial, disponer de criterio ambiental es clave para interpretar correctamente la normativa, aplicar buenas prácticas, optimizar recursos y avanzar hacia modelos más eficientes y sostenibles.

Este conocimiento es imprescindible para afrontar retos como la reducción de las emisiones de CO₂. El cambio climático exige medidas concretas: mejora de la eficiencia energética, uso de energías renovables, optimización de procesos productivos y una gestión responsable de los residuos, que contribuye directamente a reducir la huella de carbono.

Medir para poder reducir es un paso clave en este camino. El cálculo de la huella de carbono permite identificar las principales fuentes de emisión y definir planes de acción realistas, alineados con las exigencias normativas, del mercado y de la financiación sostenible.

En Econia entendemos que educar y actuar deben ir de la mano. Acompañamos a empresas y entidades aportando criterio técnico, conocimiento riguroso y soluciones prácticas para convertir los objetivos ambientales en acciones reales. Porque avanzar hacia una economía baja en carbono comienza siempre por entender bien dónde estamos y hacia dónde queremos ir.

El Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2026 sitúa la simplificación normativa como eje central de su estrategia, junto con el impulso del desarrollo sostenible y el refuerzo de la competitividad. Cada año, la Comisión adopta este programa para definir las principales iniciativas políticas y legislativas alineadas con las Orientaciones Políticas y las Cartas de Misión. En 2026, el enfoque se dirige a mejorar la competitividad de la economía europea, perfeccionar el mercado único y apoyar la transición digital y ecológica, prioridades ya recogidas en el presupuesto plurianual de la UE y en la Brújula para la Competitividad Europea.

De las 47 iniciativas legislativas previstas, 25 están orientadas a reducir costes y cargas administrativas. Además, se llevarán a cabo 20 evaluaciones para detectar oportunidades de simplificación y eliminar duplicidades, se retirarán 25 propuestas pendientes, se derogará una norma y se revisarán más de un centenar de iniciativas aún en curso. El objetivo es reducir los costes administrativos en un 25 % para 2030 y en un 35 % en el caso de las pymes, lo que supondría un ahorro estimado de 37.500 millones de euros. Una parte relevante de esta reducción procederá de la simplificación de las obligaciones de información sobre el impacto ambiental y social.

El programa persigue una aplicación más ágil de la normativa europea, simplificando la presentación de informes, los procedimientos de autorización, la concesión de ayudas, la ejecución de programas y la contratación pública. En este contexto, la Comisión ha presentado el primer informe global sobre simplificación, aplicación y cumplimiento.

Entre las prioridades sectoriales destacan la economía circular y la sostenibilidad, con la futura Ley de Economía Circular, la Ley de Materiales Avanzados y la creación del Centro Europeo de Materias Primas Críticas. En el ámbito de la energía, se prevén medidas para reducir costes, impulsar la electrificación, fomentar las energías renovables y eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles.

En materia de competitividad, se impulsarán la innovación y la soberanía tecnológica mediante nuevas legislaciones en I+D+i, inteligencia artificial, chips y tecnologías cuánticas, así como el apoyo a empresas, empresas emergentes y pymes. Finalmente, el programa incluye iniciativas ambientales relacionadas con los océanos, la biodiversidad, la ganadería, la pesca, el agua y la resiliencia hídrica, manteniendo unos estándares elevados de protección ambiental.

La Comisión Europea ha presentado un paquete Ómnibus en materia ambiental para simplificar la legislación de la UE y reducir la carga administrativa de las empresas, sin rebajar los objetivos de protección del medio ambiente y de la salud.

Las medidas afectan a ámbitos como las evaluaciones ambientales, las emisiones industriales, la economía circular, la responsabilidad ampliada del productor y los datos geoespaciales, con el objetivo de agilizar los permisos, especialmente para proyectos estratégicos.

El paquete incluye seis propuestas legislativas, basadas en aportaciones de más de 190.000 respuestas, y podría generar ahorros anuales de unos 1.000 millones de euros, contribuyendo al objetivo de reducción de cargas administrativas fijado para 2029.

Entre las principales medidas destacan la simplificación de la Directiva de Emisiones Industriales, la derogación de la base de datos SCIP, el alivio temporal de los requisitos de la RAP, la mejora de los procedimientos de evaluación ambiental y la armonización de los requisitos de datos geoespaciales.

La propuesta inicia ahora su tramitación en el Parlamento Europeo y en el Consejo, y se inscribe en una estrategia más amplia de simplificación normativa continua para reforzar la competitividad y el crecimiento verde de la Unión Europea.