El documento ha sido posible gracias a la colaboración de varios departamentos del Gobierno, en el marco del Grupo de Trabajo Interdepartamental de Economía Verde y Circular.

El Gobierno ha aprobado la Hoja de ruta de la economía circular en Cataluña (FRECC) 2030 para acelerar la transición de nuestro país hacia una economía más circular y justa que maximice el valor de los recursos y que actúe como palanca de la transformación en un marco de colaboraciones entre actores clave. El FRECC define la misión, la visión, los objetivos estratégicos y los objetivos operativos para encaminarnos hacia una economía más circular con un horizonte temporal que abarca hasta el año 2030.

Para elaborar el FRECC, han colaborado varios departamentos del Gobierno, en el marco del Grupo de Trabajo Interdepartamental de Economía Verde y Circular, y personas expertas del ámbito de la economía circular. También ha habido un extenso proceso de participación ciudadana que ha integrado la visión de un amplio abanico de actores sociales y económicos.

El desarrollo de esta Hoja de ruta se llevará a cabo mediante dos planes de acción: el Plan de acción 2024-2026 y el Plan de acción 2027-2029. En la reunión de hoy del Ejecutivo, se ha aprobado el primero de los planes, el de los años 2024-2026, que se materializa en 15 líneas de actuación y 80 acciones que contribuirán a alcanzar los objetivos estratégicos y operativos definidos en el documento.

Objetivos, iniciativas y acciones

El FRECC tiene cuatro objetivos estratégicos y operativos centrados en contribuir a desacoplar el desarrollo económico del consumo de recursos y la generación de emisiones; acelerar la transformación social, cultural y laboral hacia la circularidad; asegurar la transición efectiva hacia un tejido industrial y empresarial circular y digitalizado, y facilitar la creación de un marco favorable a la transición hacia la economía circular.

De acuerdo con estos objetivos, el documento define una serie de iniciativas y acciones, entre las que destacan:

• La consolidación de una plataforma de intercambio de productos, recursos, subproductos y servicios que faciliten la simbiosis industrial, o la Estrategia de bioeconomía de Cataluña, forman parte del objetivo de contribuir a desacoplar el desarrollo económico del consumo de recursos.
• Para acelerar la transformación hacia la circularidad, se cuenta, por ejemplo, con el rediseño del hub Cataluña Circular como escaparate de toda la información relevante de economía circular del país, o con el Plan de acción para la competitividad de los centros de reutilización en Cataluña.
• Entre las acciones de transformación del tejido industrial y empresarial hacia un modelo circular, destacan el Programa ProACCIÓ Green d’ACCIÓ, de acompañamiento a la empresa, o el impulso de nuevas profesiones y modelos de negocio con oportunidades relevantes para la circularidad, con la colaboración de agentes como el SOC y las universidades de Cataluña.
• La creación de un marco favorable para la transición hacia la economía circular continuará siendo posible gracias a las ayudas de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) relacionados con la economía circular, o a la consolidación de los órganos de gobernanza del FRECC, que son el Comité Director de Economía Circular y el Consejo Catalán de la Economía Circular, que contará con la participación de los principales actores implicados.

Abandonar la economía lineal

La economía lineal, aquella que consiste en extraer, usar y tirar, ya no es un modelo a seguir. El enorme gasto de recursos naturales, energéticos y humanos de este modelo, sumado al impacto negativo que tiene sobre el medio ambiente, hace más necesario que nunca un cambio radical de modelo económico. El modelo de economía circular se postula como una alternativa al modelo económico lineal y consiste en una transformación hacia una economía regenerativa, basada en unos modelos de producción y consumo con visión de ciclo de vida, que permita preservar los recursos dentro de un ciclo continuo y optimizar su valor.

El Pacto verde europeo (European Green Deal) plantea una estrategia que transforme la Unión Europea en una economía circular y neutra en emisiones en el año 2050, reduzca la contaminación y restaure la biodiversidad sin dejar a nadie atrás. Para dar respuesta a estos retos, la Comisión Europea aprobó en el año 2020 el Nuevo Plan de acción de economía circular con el objetivo de reducir la huella de consumo de la Unión Europea y duplicar la tasa de utilización de material circular en la próxima década, al tiempo que se impulsa el crecimiento económico.

El pasado 17 de agosto, la Comisión Europea aprobó las normas para aplicar el denominado CBAM (Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera), que pretende evitar la desventaja en la que se encuentran las empresas europeas sujetas a les normas climáticas y que deben pagar por sus derechos de CO2.

La aplicación de la fase transitoria del CBAM es del 1 de octubre de 2023 hasta finales de 2024.

Esta reglamentación detalla las obligaciones transitorias para la notificación para los importadores de la UE de mercancías sujetas al CBAM, así como la metodología transitoria para calcular las emisiones incorporadas liberadas durante el proceso de producción de estas mercancías.

Esta tasa se aplicará a las importaciones de sectores, principalmente, como: la siderurgia, la producción de cemento o fertilizantes, el sector del aluminio y la generación de electricidad; que, durante el periodo transitorio, los importadores solo tendrán que proporcionar datos sobre sus emisiones. También se incluirá el sector del hidrógeno, algunos productos intermedios como tornillos y artículos similares de hierro o acero.

Los importadores europeos de los productos afectados deberán, en primer lugar, obtener una autorización y después comprar los derechos de emisión de CO2 correspondiente al precio de las emisiones que se hubieran pagado si estos bienes se hubieran producido en la Unión Europea.

De forma paralela, se están desarrollando herramientas informáticas específicas para ayudar al cálculo y notificación de los importadores.

Aunque se solicita a los importadores la recopilación de datos a partir del 1 de octubre del 2023, el primer informe no deberá presentarse hasta el 31 de enero del 2024.

Los insectos tienen un papel esencial para los ecosistemas y los seres vivos: en la polinización, en la descomposición de residuos, en los procesos de formación del suelo y del reciclaje de nutrientes, en las cadenas tróficas como presas o como depredadores y parasitoides, actuando en la lucha biológica contra especies plaga. También proporcionan alimentos y otros productos como biocombustibles o fibras, y son esenciales en los medios de agua dulce, donde son bioindicadores de calidad (son sensibles a la alteración de las aguas). Estos y muchos otros servicios irreemplazables suelen ser desconocidos por la sociedad, que demasiado recurrentemente sólo lo percibe como una molestia.

Tanto en la apreciación de los que tenemos cierta edad, como en diversas investigaciones muestran que está existiendo una disminución a gran escala de los insectos; y que estos seres son más vulnerables de lo que se pensaba.

Una reciente revisión de estudios estima que en los últimos 27 años las poblaciones de insectos voladores se han reducido en un 76 %. Más de un 40% de las especies de insectos están disminuyendo rápidamente y al menos un tercio se encuentran en peligro de desaparecer en pocas décadas.

Estos efectos están directamente relacionados con la actividad humana:

En primer lugar, el cambio de hábitats, provocado por la deforestación y la conversión de hábitats naturales en agricultura (vinculada al uso de pesticidas, herbicidas, fungicidas…).

El cambio climático también tiene un efecto importante, especialmente en condiciones climáticas extremas como las sequías, que están aumentando tanto en intensidad como en periodicidad.

Uno de los insectos que más está sufriendo su desaparición son las abejas, responsables de la polinización. Este acto es un proceso fundamental en la conservación de los ecosistemas terrestres y para la producción de alimentos:

Se calcula que el 87,5 % (aproximadamente 308.000 especies) de las plantas silvestres con flores del mundo dependen, al menos parcialmente, de la polinización realizada por animales; y en cuanto a su relación con la producción de alimentos, hay que tener en cuenta que en España alrededor del 70 % de los cultivos para consumo humano dependen de los insectos que desarrollan la polinización; además de proporcionar otros productos como miel, cera o medicamentos.

Según la FAO, la producción agrícola mundial que depende directamente de los insectos polinizadores supone beneficios crecientes de entre 235.000 y 577.000 millones de dólares al año o 2.400 millones de euros de valor asociado a la agricultura española; y se calcula que en los últimos cincuenta años el volumen de producción de cultivos que dependen de los polinizadores ha aumentado a nivel mundial en un 300 %, de manera que la subsistencia humana está cada vez más supeditada a su acción.

Por lo tanto, la pérdida de insectos polinizadores como las abejas puede llevarnos a una situación con consecuencias catastróficas, ya que, como se ha mencionado, afecta al buen funcionamiento de los ecosistemas y a la producción de la alimentación de los humanos.

Así pues, la conservación y recuperación de estas especies es fundamental para el futuro del planeta tal como lo conocemos; y las administraciones deben tomar medidas eficaces para luchar contra sus principales amenazas. Teniendo en cuenta las consecuencias expuestas, estas acciones deben considerarse como uno de los grandes retos ambientales.

(Autora de la imagen: Kat Smith)

Una acción tan cotidiana como el uso de internet (enviar correos, revisar y usar redes sociales, ver una película, comprar online…) tiene importantes costes ambientales, aunque no se perciben.

Dejando a un lado los impactos de la fabricación de los dispositivos para el uso de internet, en primer lugar, es necesario tener en cuenta todas las infraestructuras necesarias para el uso de los mismos, que además del impacto ambiental en la producción de las mismas, no debemos olvidar su repercusión en la ocupación del suelo y el impacto paisajístico, la flora y la fauna.

Pero el mayor impacto lo provocan los centros de datos que son necesarios para el almacenamiento de los mismos, que requieren gran cantidad de energía y residuos hídricos. De hecho, se estima que estos centros consumen unos 420.000 millones de litros al año de agua para mitigar el calor que producen.

La revista Resources, Conservation and Recycling ha publicado un estudio que indica que la huella hídrica media mundial del uso de redes está estimada en 200 litros de agua en la descarga de un solo gigabyte (GB) de datos, lo que hace 2,6 billones de litros de agua anualmente (más de un millón de piscinas olímpicas) y que el almacenamiento y transmisión de datos emiten 97 millones de toneladas de CO2 al año.

Teniendo en cuenta estos datos, las empresas implicadas están buscando distintas soluciones. Una de las que ya está funcionando es la propuesta en los países nórdicos, donde se aprovecha el calor producido como calefacción en edificios o invernaderos (es el caso del distrito de Valla Torg, en Estocolmo). Otras alternativas en estudio son: desarrollar sistemas de reciclado del agua, uso de las aguas grises o construcción de los centros de datos offshore (en los océanos) o sumergidos en aceites minerales para mantener temperatura estable, construir infraestructuras en el espacio…

Debemos también tener en cuenta las acciones que podemos realizar los usuarios. Además de aplicar la regla de las 3 R (reducir, reutilizar y reciclar) como en todas nuestras actividades cotidianas; poner en práctica algunas específicas, como: reducir la calidad de películas/series visualizadas en plataformas, evitar las videollamadas frente a llamadas de voz, ajustar las palabras en las búsquedas, desactivar notificaciones del móvil, enviar por mail archivos reducidos,…

Como siempre, los usuarios somos responsables del uso de los productos y servicios presentes en nuestra vida y de la huella ambiental que éstos representan.

(Autora de la imagen: Anna Shvets)

El pasado 22 de junio de 2023, se publicó la Orden TED/646/2023 TED/646/2023, de 9 de junio, por la que se establecen los criterios para determinar el fin de la condición de residuo de los residuos termoplásticos y que entra en vigor el 12 de julio de 2023.

Esta legislación establece como requisito básico que los plásticos pasen por una o varias plantas de tratamiento para poder aplicarles el concepto jurídico de fin de condición de residuo. El tratamiento que otorga esta finalidad de condición de residuo, tiene carácter sólo mecánico, por lo que los tratamientos químicos quedan excluidos del ámbito de aplicación de la norma. Por otra parte, también se excluyen los residuos plásticos termoestáticos, es decir, aquellos que una vez calentados y luego resfriados, no pueden volver a fundirse ni a cambiar de forma.

La Orden TED/646/2023 establece dos diferencias en función del origen de los residuos y la posible presencia de contaminantes orgánicos persistentes en los residuos a tratar.

• Así, en los canales en los que habitualmente no se encuentren este tipo de contaminantes, se facilita su gestión a través de asegurar su procedencia y establecer medidas concretas de trazabilidad, para asegurarse de que estos residuos no se mezclan con residuos de otros orígenes a lo largo de las operaciones de tratamiento y valorización.
• Por otro lado, en relación con los residuos procedentes de flujos de residuos peligrosos o con presencia de sustancias peligrosas y/o contaminantes orgánicos persistentes (RAEE, VFUs, RCDs, etc.), se establecen medidas adicionales para asegurar su origen y separación, a lo largo de toda la cadena de valorización.

Aspectos determinados:

• Los residuos termoplásticos que pueden someterse a las especificaciones de la Orden TED/646/2023, se prevén en su Anexo I, en el que se indica su origen y codificación LER.
• Los envíos de cada material, deberán acompañarse de una declaración de conformidad, de acuerdo con el modelo que consta en el Anexo III de la Orden. Se establece la posibilidad de usar estos residuos cuando hayan perdido su condición de tales, en términos idénticos en los procesos industriales posteriores, como si se tratara de material virgen. No obstante, aquellos plásticos que tengan que ser destinados a entrar en contacto con alimentos, tendrán que cumplir además los requisitos establecidos por su legislación específica.
• Por otro lado, los materiales termoplásticos tratados mecánicamente que deban ser destinados a la industria para cualquier otro tipo de producto, también deberán cumplir con la legislación específica que le sea de aplicación
• Para poder aplicar las previsiones de la Orden TED/646/2023, los gestores finales que deseen comercializar el residuo termoplástico como producto deben efectuar una comunicación a la administración autonómica que les haya autorizado el centro de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la Orden TED/646/2023, en el plazo de 3 meses desde su entrada en vigor (es decir, antes del 12 de octubre de 2023).

Por último, a tener en cuenta que:

Los criterios establecidos en la Orden TED/646/2023 para determinar el fin de condición de residuo sólo serán de aplicación dentro del territorio del Estado. En consecuencia, no son extrapolables ni a operaciones de importación, ni de exportación de los materiales, ni tampoco de traslado en el territorio de la Unión Europea.

Las manifestaciones de interés son consultas abiertas en distintas áreas que recogen posibles ámbitos de actuación a través de la información que ofrecen distintos colectivos de la sociedad, entre ellos, los empresariales.

Tienen el objetivo de diseñar políticas públicas y son una herramienta utilizada des de hace años por la Comisión Europea y de reciente implantación en España.

Dentro de las citadas políticas públicas, también se encuentran las convocatorias de ayudas y subvenciones.

Desde Econia ayudamos a diferentes sectores empresariales, representativos de la sostenibilidad, economía circular y ecoinnovación, a presentar sus aportaciones a las MDI, de manera que, el valor añadido que aportan sea considerado dentro de los objetivos prioritarios, por ejemplo, en los fondos NextGeneration.