Este 2025, la Comisión Europea ha publicado un informe que analiza cómo España aplica las leyes ambientales europeas. La llamada Revisión de la Implementación Ambiental (EIR) destaca algunas buenas prácticas, pero también retos graves que continúan sin resolverse.
Entre los puntos positivos, se reconoce que España ha avanzado en la gestión de datos ambientales y en la integración del principio “no causar daño ambiental” en los fondos de recuperación post-COVID. También destaca la participación activa en proyectos ambientales europeos.
Pero los problemas principales son persistentes:
- Contaminación por nitratos, sobre todo proveniente de la agricultura intensiva, que afecta las aguas subterráneas y superficiales.
- Depuración insuficiente: todavía existen localidades que no tratan correctamente las aguas residuales.
- Carencia de coordinación entre administraciones y falta de recursos humanos y económicos.
- Infra financiación: serían necesarios 1.700 millones de euros anuales extra para aplicar correctamente la normativa ambiental.
- Economía circular débil: demasiados residuos van a vertederos y falta recogida selectiva.
La Comisión insta a España a actuar con urgencia, a aprovechar mejor los fondos europeos y a reforzar la colaboración entre gobiernos. Aplicar bien la normativa ambiental no es solo una obligación legal: es clave para proteger la salud, la biodiversidad y prepararnos para el futuro.
